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A nadie le gusta una huelga en salud; aunque tampoco es justo violar una ley establecida, como lo es el escalafón fijado en decisión legislativa. Se recurre fácilmente a decir que entre el derecho al salario y el derecho de los enfermos, predomina el segundo. Y aunque es una afirmación válida en general, es necesario también averiguar y pensar en por qué se ha llegado a esta situación. El Salvador ha caminado, desde hace bastantes años, en un ambiente de irresponsabilidad fiscal, de despreocupación por los más pobres y de voracidad de quienes tienen más. La deuda creciente se ha ido más al financiamiento del gasto que a la producción y a la inversión en la gente. Y se está cerca del momento de quiebre: o llegamos a un acuerdo nacional de austeridad y responsabilidad fiscal, o caeremos en una falta de recursos que puede volver caótica la situación. Lo que no podemos hacer es continuar con estos contrastes en los que la irresponsabilidad y el derroche de unos se mezcla con la falta de recursos para otros.
Si de responsabilizarse de los enfermos se trata, quienes tienen mayores salarios en El Salvador deberían renunciar a una parte de ellos, en lugar de pedirles que se sacrifiquen a quienes ganan mucho menos. Los salarios que mantiene el Ministerio en los servicios de salud pública son mucho más bajos que los de otras dependencias del Estado. Si comparáramos el salario de un médico de un hospital público con el de un juez, veríamos una diferencia en exceso notable. Dar salarios bajos a quienes se ocupan de cubrir un derecho universal y sirven además a los más pobres de la población, no es la mejor manera de cuidar la salud. El Ministerio de Salud, no cabe duda, ha contribuido a ampliar el acceso a los servicios de la ciudadanía de escasos recursos. Los Equipos Comunitarios de Salud (ECOS) han constituido un verdadero avance en la provisión de servicios. Pero los éxitos no justifican los recortes salariales. Al contrario, si el servicio es mejor y más amplio, bueno sería premiar a quienes se esmeran desde la base por dar ese servicio.
A pesar de los esfuerzos realizados, todos sabemos de las carencias que rodean al sector público de salud. Un practicante de medicina, llegado a través de convenios internacionales de intercambio al Hospital Zacamil, comentaba recientemente que entre médicos, enfermeras y personal de servicio las dos palabras que más se pronunciaban es “no hay”. Ciertamente, es necesario mejorar la atención al paciente y aumentar el servicio de medicinas, pero no se puede hacer en base al deterioro de los salarios. Y no dar el aumento que el escalafón garantiza es una forma de rebajar el poder adquisitivo del salario. No podemos estar de acuerdo con una huelga médica que vulnera el derecho a la salud de los enfermos. Pero tampoco podemos justificar a un Gobierno que se niega a hacer efectivos los aumentos salariales que por ley se han establecido.
Si la situación del país es tan mala, tal vez haya que congelar todos los salarios del Estado, comenzando por la eliminación de bonos, prebendas, viajes, viáticos desproporcionados, etc. ¿Cómo es posible que a un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, que viaja con todo pagado, se le den, durante 21 días, viáticos por la cantidad de 300 dólares diarios? Un Estado que, siendo pobre y estando endeudado, exhibe inequidades de ese calibre, acaba siendo al final el verdadero responsable de una huelga de salud. No hay nada peor en un país supuestamente democrático que dar muestras de despilfarro, inequidad y despreocupación por el abuso económico de unos pocos. El ejemplo de los que mandan, en cualquier institución estatal, se vuelve moralmente contagioso para la mayoría de funcionarios y empleados públicos. Y el mal uso del dinero público, aunque esté permitido por la ley, no deja de ser una forma de corrupción.
Que el propio Estado que tolera el despilfarro sea después el que recorte arbitrariamente derechos salariales de los sectores públicos peor pagados no solo es injusto, sino que también destruye bases elementales de cohesión social. Y los efectos de esto acaban golpeando duramente los derechos de los más pobres. Dialogar con los médicos y el personal sanitario, darles la razón en lo que es razonable, legal y legítimo es el camino ético para El Salvador si quiere preciarse de democrático. No estamos a favor de una huelga que prive de sus derechos a los pobres, pero tampoco admitimos que se provoque a médicos y personal de salud negándoles derechos ya establecidos.
Si de responsabilizarse de los enfermos se trata, quienes tienen mayores salarios en El Salvador deberían renunciar a una parte de ellos, en lugar de pedirles que se sacrifiquen a quienes ganan mucho menos. Los salarios que mantiene el Ministerio en los servicios de salud pública son mucho más bajos que los de otras dependencias del Estado. Si comparáramos el salario de un médico de un hospital público con el de un juez, veríamos una diferencia en exceso notable. Dar salarios bajos a quienes se ocupan de cubrir un derecho universal y sirven además a los más pobres de la población, no es la mejor manera de cuidar la salud. El Ministerio de Salud, no cabe duda, ha contribuido a ampliar el acceso a los servicios de la ciudadanía de escasos recursos. Los Equipos Comunitarios de Salud (ECOS) han constituido un verdadero avance en la provisión de servicios. Pero los éxitos no justifican los recortes salariales. Al contrario, si el servicio es mejor y más amplio, bueno sería premiar a quienes se esmeran desde la base por dar ese servicio.
A pesar de los esfuerzos realizados, todos sabemos de las carencias que rodean al sector público de salud. Un practicante de medicina, llegado a través de convenios internacionales de intercambio al Hospital Zacamil, comentaba recientemente que entre médicos, enfermeras y personal de servicio las dos palabras que más se pronunciaban es “no hay”. Ciertamente, es necesario mejorar la atención al paciente y aumentar el servicio de medicinas, pero no se puede hacer en base al deterioro de los salarios. Y no dar el aumento que el escalafón garantiza es una forma de rebajar el poder adquisitivo del salario. No podemos estar de acuerdo con una huelga médica que vulnera el derecho a la salud de los enfermos. Pero tampoco podemos justificar a un Gobierno que se niega a hacer efectivos los aumentos salariales que por ley se han establecido.
Si la situación del país es tan mala, tal vez haya que congelar todos los salarios del Estado, comenzando por la eliminación de bonos, prebendas, viajes, viáticos desproporcionados, etc. ¿Cómo es posible que a un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, que viaja con todo pagado, se le den, durante 21 días, viáticos por la cantidad de 300 dólares diarios? Un Estado que, siendo pobre y estando endeudado, exhibe inequidades de ese calibre, acaba siendo al final el verdadero responsable de una huelga de salud. No hay nada peor en un país supuestamente democrático que dar muestras de despilfarro, inequidad y despreocupación por el abuso económico de unos pocos. El ejemplo de los que mandan, en cualquier institución estatal, se vuelve moralmente contagioso para la mayoría de funcionarios y empleados públicos. Y el mal uso del dinero público, aunque esté permitido por la ley, no deja de ser una forma de corrupción.
Que el propio Estado que tolera el despilfarro sea después el que recorte arbitrariamente derechos salariales de los sectores públicos peor pagados no solo es injusto, sino que también destruye bases elementales de cohesión social. Y los efectos de esto acaban golpeando duramente los derechos de los más pobres. Dialogar con los médicos y el personal sanitario, darles la razón en lo que es razonable, legal y legítimo es el camino ético para El Salvador si quiere preciarse de democrático. No estamos a favor de una huelga que prive de sus derechos a los pobres, pero tampoco admitimos que se provoque a médicos y personal de salud negándoles derechos ya establecidos.
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